Mientras los socialistas debaten entre a quiénes y bajo qué condiciones se les permitirá propagar ondas electromagnéticas con toda esta información, adaptando los permisos y contratos a su conveniencia, la pregunta más importante a la que debemos dar respuesta es:
¿Debe el Estado ser el propietario de este espacio?
La respuesta contundente es: No.
No tiene por qué ser con el Estado con quien se negocie sobre las condiciones, cantidad, calidad y tipo de información que se ofrecerá desde un medio de comunicación hacia su público meta. No debe ser el Estado quien otorgue permisos de propagación de información por la misma razón por la cual el Estado no debe fijar precios máximos de productos o servicios, sueldos mínimos ni cantidades máximas a consumir.
¿Por qué?
Sencillo, porque no es de su competencia.
Entonces... ¿Quién debe decidir el tipo de información que llegará al público meta?
Las dos partes involucradas: El emisor y el receptor.
El emisor propone y el receptor decide. Los principios que deben prevalecer en este tipo de situaciones son los de "cooperación voluntaria y coexistencia pacífica". El emisor no tiene manera de obligar al receptor a escucharlo, verlo o leerlo y el receptor no tiene forma de obligar al emisor a transmitir la información que él desea, cuando dicha relación se deriva de acuerdos libres, mutuos y voluntarios.
Si se trata de un canal de televisión, el receptor siempre tendrá la oportunidad de verlo o no, dependiendo de si la información es de su interés o no. Lo mismo ocurre si se trata de una estación de radio o cualquier otro, bastará con cambiar de canal o frecuencia.
En cambio, cuando es el Estado quien interviene como ocurre actualmente, secuestrando el espacio radioeléctrico de cualquier nación para imponer condiciones a conveniencia de los funcionarios de turno, el emisor transmitirá sólo aquello que al Estado le conviene y el receptor recibirá sólo aquello que el Estado quiere.
Es así como vemos casos de prohibición de transmisión de información con robo de instalaciones y equipos como el que el régimen de Venezuela hizo al conocido canal RCTV en 2007 (leer más) para convertirlo en la Televisora Venezolana Social (Tves) a su servicio; la renovación de la concesión a un canal llamado Venevisión gracias al ajuste que realizó a su noticiero con ahora "información justa y balanceda" en acuerdo con el régimen y, la reciente compra del canal de noticias Globovisión por parte de un vendedor de seguros que terminó con el sospechoso cambio de 180 grados de su linea editorial, ahora más conveniente al Estado venezolano.
La petición de intervención al Estado no es más que la renuncia a los derechos de los cuales el individuo debe ser el único propietario.
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